A manera de introducción: una Isla… singular

Al analizar la orientación actual de las políticas «para las mujeres» en Cuba, se hace necesario analizar sus antecedentes, la existencia –o ausencia– y efectividad –o fracaso– de una política antidiscriminatoria en los cuerpos legales de la República de Cuba y en las políticas públicas impulsadas por el Estado en años anteriores. Por razones metodológicas, me referiré a las medidas tomadas después de enero de 1959.

Dos circunstancias arguyo para este corte: 1) con la toma del poder por el movimiento 26 de Julio, el Estado cubano alcanza una fuerza tremenda, que le permite por primera vez implementar programas de atención social realmente universales, 2) coincidentemente, a fines de la década del cincuenta el movimiento femenino de Cuba regresa al escenario político –tras la batalla por el derecho al sufragio, ganada en 1934–, con nuevas demandas para lograr la ciudadanía efectiva. El cruce entre un gobierno que evoluciona rápidamente del nacionalismo desarrollista al antiimperialismo y un movimiento femenino que busca la verdadera incorporación de las mujeres al espacio público estrecha los lazos entre ambos, ya que las mujeres beneficiadas por la Revolución de 1959 son personas ganadas para la defensa de un proyecto político y de desarrollo que nace acosado por los Estados Unidos (Castro, 2006:29-123).

El resultado será una serie de medidas educativas y de incorporación a la producción que, en poco más de veinte años, saca a las mujeres de la casa y cambia los patrones de empleo radicalmente. El censo de 1953 arrojaba 194 mil empleadas de una población de 3 millones de mujeres, de ellas 70% en el trabajo doméstico. En 1974 la cantidad absoluta de mujeres con empleo remunerado se había triplicado, eran ya el 25.3% del aparato estatal civil (Castro 2006:146). El acceso a la educación, el trabajo y métodos anticonceptivos científicos ha tenido, además, el típico efecto demográfico: tras un baby boom casi épico en el periodo de 1962 al 66, cuando llegó a haber 35 nacimientos por cada mil habitantes –unos 250 mil bebés por año (Espín Guillois 1988:18), la natalidad comienza a descender sistemáticamente a partir de 1971.

Sin embargo, se perpetúan los patrones patriarcales y de invisibilización de las mujeres en los espacios de decisión política y económica. Muestra de lo primero es que en la prueba piloto para la implementación del nuevo sistema de gobierno en febrero de 1974 –el Poder Popular–, solo serán mujeres el 7.6% de las personas propuestas como candidatas y las elegidas representan el 3%; al mismo tiempo, dentro del Partido Comunista de Cuba (PCC) el número de mujeres que trabaja como cuadros o funcionarias es 6% del total. En las empresas no les va mejor, ocupan el 15% de los cargos directivos en el aparato productivo, de servicios y administrativo (Castro 2006:146).

Conscientes de estas contradicciones, los círculos dirigentes del PCC y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se ocupan de que las mujeres estén específicamente protegidas en el proceso de institucionalización del país entre 1975-80, periodo en que se aprueban una nueva Constitución de la República (1976), la Ley 1289. Código de la Familia (1975, modificado en 1977) la Ley 24 para el perfeccionamiento del Sistema de Seguridad Social (1980) y otros mecanismos legales. Todos ellos darán cuerpo a la afirmación de la Ley fundamental de la nación (Capítulo IV FAMILIA, Artículo 35) de que “El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio”.

Seguro nadie esperaba que el problema saliera justamente de ahí.

Mujeres, trabajo y otros demonios

A medida que avanzaba la década de los ochenta, el índice de participación social de las mujeres aumenta, tanto en la educación como en los espacios productivos –37% de la fuerza laboral en 1985 (Castro 2006:183). Sin embargo, la organización de las relaciones de género patriarcal permanece inalterable. El Código de la Familia ha definido la igualdad de derechos de ambos cónyuges para la formación, administración y disolución del vínculo matrimonial, así como los relativos a la filiación de los hijos y las propiedades. Pero la igualdad de derechos no es igualdad de prácticas sociales porque sus exigencias sobre la colaboración en el espacio doméstico eran considerados “preceptos que no son estrictamente jurídicos, sino que son, fundamentalmente, de orden político y de orden moral” (Castro 2006:185), su impacto, por lo tanto, estaba normado por los lentos procesos de la evolución cultural.

Mientras, las políticas para las familias, llevadas a la base con el apoyo de la FMC y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), seguían presuponiendo que la socialización de las labores domésticas podría sacar a las mujeres de su condición subalterna. Se pensaba que, fuera de los periodos de posparto y lactancia, el resto de las ocupaciones domésticas podían ser asumidas por los servicios públicos. El problema es que Cuba era demasiado pobre para dotar a cada mujer de una guardería, una tintorería y un restaurante en la esquina de su casa.

La lógica respuesta fue el alza del índice de divorcios y la baja de la natalidad. Se habló de “crisis de la familia” y otros horrores, pero pocas voces reconocían el problema de fondo: una institución arcaica enfrentada con mecanismos de resistencia por el grupo social tradicionalmente sojuzgado: las mujeres podían divorciarse, y lo hacían. Pero solteras o casadas, los recursos no bastaban para garantizar los servicios domésticos, permanecían agobiadas con la “doble jornada”, el gobierno se disculpaba alegando falta de recursos –real–, ellas seguían estancadas en las escalas inferiores de la estructura social y no se veía soluciones a corto plazo.

Desde mi punto de vista, la clave estaba en que se había abandonado el principio enunciado en el Código de la Familia, que reconocía el valor del trabajo reproductivo no remunerado y la obligación de ambos miembros de la pareja frente a él: “Artículo 27) (…) No obstante, si alguno de ellos solo contribuyere a esa subsistencia [de la familia] con su trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos, el otro cónyuge deberá contribuir por si solo a la expresada subsistencia, sin perjuicio del deber de cooperar a dichos trabajo y cuidado.” Tal vez ni las personas que escribieron el párrafo reconocieron su poder –lastrados por los mismos marcos conceptuales que deseaban destruir–, y por eso se optó por asegurar la presencia de las mujeres en el espacio público sin exigir la equivalente presencia de los hombres en lo privado. En palabras de Alda Facio, se implementaban políticas públicas familistas:

En vez de continuar por el sendero de democratizar la familia conciliando y armonizando la esfera pública y la privada, es decir, tratando de lograr la igualdad dentro de las familias, esta forma de familismo parte de que el precio que deben pagar las mujeres por salir al mundo público es el sacrificio de la vida familiar y privada; para las que no salen al mundo público, la receta es protección en vez de derechos. (2006)

En Cuba, de hecho, la legislación era extremadamente protectora con las mujeres, incorporadas al mundo social o no, pero acaso por eso mismo se creó una falsa ilusión de avances que no significaban verdaderas transformaciones en la ciudadanía de las mujeres. El Estado intervenía para asegurarles su espacio, pero la misma omnipotencia del Estado socialista hacía parecer superflua la necesidad de presionar por el cambio de fondo en el entendimiento de los roles de género. Ello estancó a la larga la evolución de incorporación social y política femenina, provocó la invisibilización de prejuicios sexistas y heteronormativos que las discriminaban, e hizo permanente la insatisfacción de las mujeres más jóvenes con los modelos heredados de familia y maternidad.

Ruth Lister diría diez años después que se trataba de la capacidad para ejercer ciudadanía frenada por condicionamientos materiales: La igualdad formal para las mujeres en las esferas públicas en sus manifestaciones económicas, sociales y políticas, es minada por el peso de sus responsabilidades en lo privado, luego sus posibilidades de autodesarrollo son infringidas por las demandas del tiempo doméstico. Los hombres son privilegiados por esta situación, que les da ventajas sobre las mujeres en la esfera pública y les permite mantener su poder dentro y fuera del hogar (Lister 1998:130-132).

Para 1988, en una entrevista concedida por Vilma Espín –presidenta de la FMC– a la revista brasilera Claudia, se citan datos sobre la presencia de las mujeres en el espacio público que, si bien son superiores al resto de la región, denotan la ralentización del crecimiento: 38,7% de toda la fuerza laboral estaba integrada por mujeres –30% en 1980–, en la fuerza laboral de nivel medio o superior llegan al 56.5%, ellas son 33.9 % de la Asamblea Nacional del Poder Popular y, dentro del PCC se distribuyen como sigue: Comité Central, 13% de miembros efectivos y 27.8% de suplentes, Buró Político, 13%, militantes, 21.5% –18.9% en 1980 (1).

Podría ser que la tasa de crecimiento de estos índices llegara a un punto de inflexión por otros fenómenos sociales, pero la misma preocupación de los dirigentes del país por el peligro del retroceso en los logros sociales de las mujeres dice que estos números inquietaron. Por un lado se tiene conciencia de que la soluciones implementadas hasta el momento para promover la incorporación femenina dejan de funcionar, por otro no se sabe qué nuevas medidas tomar, ya que la orientación seguida durante treinta años tiende a la socialización de las labores familiares, no a la intervención en las relaciones de poder dentro del hogar.

La FMC no tiene respuestas nuevas que proponer al gobierno. La dirigencia femenina cubana está divorciada de los estudios de género internacionales y carece de opciones metodológicas que respondan a las exigencias de su militancia. La solución sigue llegando de las bases, con altos índices de nupcialidad y divorcio, señales de que la gente aún cree en los proyectos comunes, así como en su derecho a deshacerlos cuando no cumplen las expectativas.

Salvar las conquistas del socialismo

Entre 1990 y 1997 Cuba vivió lo que oficialmente se denomina Periodo Especial en tiempo de Paz, una respuesta socio política a la contracción repentina de todos los sectores productivos tras la caída del Muro de Berlín. Entre 1989 y 1990 el Campo Socialista se derrumba y con él los acuerdos comerciales del Consejo de Ayuda Mutua Económica que aseguraban divisas, créditos, asesoría técnica, combustible, piezas de repuesto… se trata del 80% de los mercados de exportación y exportación. Desconectada de la dinámica comercial latinoamericana y aún acosada por las leyes del bloqueo económico norteamericano, Cuba debe hacer frente a una escasez sin precedentes de insumos materiales y combustibles con una infraestructura totalmente dependiente del petróleo extranjero, con los precios del azúcar derrumbándose en el mercado internacional y el eterno ataque de los ciclones.

Aunque la lógica de las dinámicas sociales sea negada, estas catástrofes económicas no repercutieron en los indicadores sociales más importantes: la mortalidad infantil, la salud materna, la esperanza de vida, siguieron mejorando. El desempleo y la pobreza no tomaron rostro de mujer. Se debía, por supuesto, a la extensiva y profunda implicación del Estado en la vida cotidiana de la nación y su férrea voluntad política de no ceder las conquistas alcanzadas desde 1959.

Sin embargo, la observación de algunos índices reflejan el impacto de la crisis de los noventa en el comportamiento reproductivo de la población: me refiero a los abortos. Según el Perfil Estadístico de la Mujer Cubana, desde 1968 hasta 1996 nacieron 5,6 millones de niños, y se registraron 3,2 millones de abortos (de cada 100 gestaciones, 36 terminaron en abortos) (Wikipedia 2008). Teniendo en cuenta la línea de evolución demográfica entre 1961 y 2003, es lógico suponer que la mayor proporción de estas intervenciones ocurrió en la década del noventa.

Se pueden observar tres claros puntos de inflexión en las pendientes de la línea: 1) 1975, el final del baby boom de la década anterior, 2) 1985, que atribuimos a la expansión económica y la mejora de las tecnologías de salud neonatal y pediátricas y 3) 1992, donde inicia una decadencia obviamente relacionada con la crisis y el deterioro de la infraestructura habitacional.

Por supuesto, la tendencia a la baja en las tasas de fertilidad de Cuba no se debe solo a la voluntad de las mujeres, sino también a que tienen acceso sanitario y apoyo legal para controlar sus cuerpos. Los nacimientos no volverán a aumentar en números absolutos hasta 1997 y después de eso continúan la tendencia de estabilización más bien baja que ya preocupaba a los analistas en la década anterior. Una tasa de fecundidad de 1.5 no es suficiente para renovar las fuerzas productivas del país, en especial una isla tropical con baja eficiencia económica y falta de brazos en los campos invadidos de marabú. Cuba envejece lentamente, y la única solución a la vista es aumentar la natalidad.

¿La culpa es de ellas?

En efecto, el final de la década del noventa y comienzo del siglo XXI fue testigo de una arremetida discursiva en pro de los valores de la maternidad digna de mejores causas, o presupuestos más realistas. Los artículos a doble página de Juventud Rebelde y Trabajadores se centraban en la pérdida que significaba para las profesionales cubanas ya cuarentonas no haber detenido sus carreras para tener bebés, o en las maravillas que tal experiencia implicaba para toda la familia. Es verdad que nunca nadie sugirió rescatar la legislación soviética al respecto tras la Segunda Guerra Mundial (2), pero sí se cayó en un hipócrita silencio sobre las causas económicas que constriñen la fecundidad de las cubanas –déficit habitacional y numerosas viviendas en mal estado, bajo poder adquisitivo del salario, etc.– de modo que la “culpa” recaía en nosotras. La natalidad no aumentó, y en 2006 la población cubana disminuyó en términos absolutos, como hacía notar Raúl Castro para argumentar las modificaciones en la Seguridad Social:

En el 2006 los nacimientos llegaron al nivel más bajo en los últimos 60 años y la población decreció en más de 4 mil habitantes respecto al año anterior. El año pasado, 2007, decreció un poco menos, producto de un pequeño incremento de la natalidad, pero se mantuvo la tendencia. Las personas con más de 60 años constituyeron en el 2007 el 16,6% de los habitantes del país (un año antes eran el 15,9%, o sea, en el 2006), y seguirá aumentando esta proporción en forma cada vez más pronunciada… (2008)

Esa fue una de las razones del gobierno para proponer una reforma a la Ley de Seguridad Social que entra en vigor en enero de 2009. Esa legislación no se modifica desde 1980 –aunque las pensiones fueron aumentadas recientemente–, y durante el 2008 Cuba vivió un proceso de debate febril sobre las ventajas y desventajas del anteproyecto. Por supuesto, este “Antepoyecto” trata de cumplir la afirmación constitucional de que “El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio” (Art. 35) y lo hace –por desgracia– reproduciendo el presupuesto de las mujeres como seres económicamente dependientes y primariamente encargadas de las labores de cuidado dentro de la familia:

ARTÍCULO 66.- Son familiares con derecho a pensión: la viuda que participara en la unidad económica del núcleo familiar del causante o dependiera de ésta, siempre que el matrimonio tuviera no menos de un año de constituido o cualquier tiempo si existen hijos comunes o el fallecimiento del causante se origina por accidente común o de trabajo;
la viuda de matrimonio reconocido judicialmente que participara en la unidad económica del núcleo familiar del causante o dependiera de ella, siempre que el matrimonio tuviera no menos de un año de constituido, o cualquier tiempo si existiesen hijos comunes o el fallecimiento del causante se origina por accidente común o de trabajo; el viudo de matrimonio formalizado o reconocido judicialmente, de 65 años o más de edad, o incapacitado para el trabajo que participara en la unidad económica del núcleo familiar de la causante o dependiera de ésta, siempre que el matrimonio tuviera no menos de un año de constituido o cualquier tiempo si existen hijos comunes o el fallecimiento de la causante se origina por accidente común o de trabajo;
ARTICULO 68.- Si la viuda es menor de 40 años de edad y no tiene la condición de trabajadora habitual, estando apta para el trabajo y sin hijos que atender o padres que requieran su cuidado permanente al no poder valerse por sí mismos, tiene derecho a la pensión hasta el término de dos años, durante el cual debe gestionar su vinculación laboral.

Como se ve, el texto presupone roles bien diferenciados en las parejas y no prevé la posibilidad de un hombres ocupado en tareas de cuidado a adultos o de mujeres proveedoras del hogar. No solo reafirma una presunción social discriminadora, sino que deja fuera de su espacio normativo numerosas posibilidades asociada a ordenamientos familiares diversos, mucho más flexibles que la familia nuclear que imaginan los redactores.

El problema más grave no es ese, desde mi punto de vista, sino que los presupuestos en los folletos explicativos que circulan por todo el país, culpabilizan de modo implícito a las mujeres de que la edad de retiro se alargue cinco años y los condicionamientos para recibir pensión se complejicen. Estas explicaciones refuerzan “el dicotomismo sexual y el deber ser para cada sexo” (Facio 2006) y justifican la diferencia recordando que la “verdadera” función de las mujeres son la maternidad y el cuidado:

12- ¿Por qué se diferencia la edad de jubilación de la mujer y el hombre si en muchos países es igual para ambos sexos?
En Cuba es un principio la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero la mujer tiene una decisiva y creciente participación en la construcción de la sociedad, lo que se expresa en la incorporación al trabajo, la política, la defensa, sin renunciar a la función fundamental en el hogar, el cuidado de los niños y los ancianos. Es por ello, que mantener esa diferencia es un símbolo de igualdad (Granma 2008a).

La nueva Ley de Seguridad, entonces, traiciona el espíritu del ya lejano Código de la Familia y sanciona, a su vez, esa familia patriarcal, nuclear y heterosexual que preside todos los modelos legales de este lado del mundo y tal vez solo existe ahí, en los papeles.

Algunas feministas de los sesenta imaginaron un mundo en que hombres y mujeres serían iguales gracias a la tecnología, que descargaría de las mujeres la pesada carga de la gestación. Sin embargo “Los actuales debates sobre las nuevas tecnologías reproductivas parecen normalmente tener como meta intentos casi reflejos de supresión de los padres sustitutos, la clonación y la experimentación genética, con lo que se impide el desarrollo de la infraestructura tecnológica para la crianza de niños biológica por sexos iguales” (Adam 2005) y personas con diversas filiaciones, no siempre duales, no siempre jerárquicas, deseosas de embarcarse en la aventura de la crianza. Eso en lo que respecta a sitios con alto desarrollo tecnológico.

En Cuba, el Ministerio de Salud Pública exige el matrimonio para acceder a los servicios de reproducción asistida, discriminando a mujeres lesbianas y heterosexuales, solteras y/o viudas. ¿No resulta un poco contradictorio frente a la crisis poblacional del país? A mí me parece que sí, coincido con Adam en que “la crianza de niños es otra posible frontera de la política familiar” ya que quienes no estén capacitados para gestarles por su cuenta, tendrán que someterse a las reglas heteronormativas del derecho y la salud. Es un conflicto latente que atañe directamente a las mujeres, porque descansa en el presupuesto de que la reproducción en nuestro destino y de que el Estado –como vocal de los intereses sociales– tiene derecho último a legislar sobre nuestra sexualidad. Pero las rebeliones continúan:

Con la llegada del siglo XXI, muchos de los ciudadanos de las sociedades industriales avanzadas (y en realidad también en muchas sociedades en desarrollo) muestran su desacuerdo participando en relaciones personales e íntimas que no corresponden con formas legalmente institucionalizadas y culturalmente materializadas recibidas del pasado. Buena parte de este fermento cultural es refrenada por discursos públicos empobrecidos sobre la declinación de la familia en textos gubernamentales, mediáticos, profesionales y, por supuesto, de las ciencias sociales (Adam 2005).

Pero al mismo tiempo, y a despecho de lo que legislen las instituciones para mantener vivo ese modelo de familia, las prácticas sociales lo superan. Y la respuesta de las personas insatisfechas, al menos en Cuba, es entrar una y otra vez en relaciones que pueden o no equipararse al matrimonio, ejerciendo sus bien ganadas autonomías económicas e integridad corporal (Lister 1998:126-130).

No creo que en Cuba las fuerzas productivas estén listas para superar el modelo de igualdad de oportunidades, pero este sería más efectivo si estuviera acompañado de cierta coherencia discursiva entre las prácticas de incorporación social y las exigencias de deber ser de los sexos. Más allá de la igualdad de oportunidades está la igualdad de prácticas.

Notas

1 Datos de 1985: Castro Ruz, Fidel, 2006, “Discurso en el III Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas” en Mujeres y revolución, Editorial de la Mujer, La Habana, pp. 163-179. Datos de 1988 Espín Guillois, Vilma, 1988, La batalla de la igualdad no es solo de las mujeres, es de toda la sociedad, Editorial de la Mujer, Ciudad de La Habana, p. 26-29.

2 “A las mujeres que han tenido y criado diez hijos se les otorga el título honorífico de «Madre Heroína» y se las condecora con la orden «Madre Heroína». Las madres que crían siete, ocho y nueve hijos son condecoradas con la «Gloria a la maternidad», y las que crían cinco o seis hijos con la «Medalla de la Maternidad».” Dirección Central de Estadísticas Anexa al Consejo de Ministros de la URSS, 1963, Las mujeres y la niñez en la URSS. Compilación estadística, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, p. 63.

Bibliografía

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